De acuerdo
al periodista Hernan Cappiello del diario La Nación, Un equipo de fiscales
redacta el pedido de citación para que declare como sospechosa de favorecer a
Lázaro Báez
La
acusación, que abarcará también a Báez, se centra en una denuncia de Vialidad
Nacional. Allí la ex presidenta está siendo investigada por direccionar
licitaciones hacia el empresario, favorecerlo en los contratos e instrumentar
una falta de control de lo ejecutado, entre otros beneficios.
Las obras
que están bajo la lupa son tramos de la ruta nacional 3, de la nacional 288 y
de la provincial 9, todas en Santa Cruz. Las tres fueron adjudicadas a Kank y
Costilla, una de las constructoras de Báez.
En el caso
de la ruta 3 se analiza el pago de sobreprecios y en los otros se trabaja sobre
la hipótesis de que se abonaban obras que no se hacían.
La idea de
los fiscales es sumar las 51 obras asignadas a Báez que representan el 80% de
la obra vial provincial.
Si bien el
objetivo es hacer la presentación del pedido de indagatoria lo antes posible,
es posible que se demore algunas semanas, pues los fiscales están evaluando las
pruebas aportadas en las últimas semanas y recibiendo nuevas pruebas. Parte del
equipo se quedó trabajando en las vacaciones de invierno para adelantar la
tarea.
Entre los
documentos recibidos, se cuenta un estudio de Vialidad Nacional que analiza que
en el caso de la ruta 3 hubo una diferencia de un 300 % entre el proyecto
inicial y lo finalmente pagado. De la ruta 288 ese documento señala que se
avanzó en un 45% y se cobró en casi un 60%.
A estas
pruebas se sumaron en las últimas horas nuevas evidencias clave sobre cómo era
la operatoria entre la dirección de Vialidad Provincial y la empresa de Báez.
"Se incorporó evidencia que permite corroborar lo que se sospechaba",
dijo una fuente con acceso al expediente.
Cuando tenga
listo su escrito, en el que además de la indagatoria de la ex presidenta pedirá
una larga lista de medias de prueba, Pollicita lo presentará ante Ercolini.
Este juez
tiene en sus manos la denuncia de Vialidad Nacional por sobreprecios, el caso
Hotesur donde se investiga a la ex presidenta por lavado de dinero y la causa
iniciada en 2008 por la denuncia de asociación ilícita de Elisa Carrió.
En estos
expedientes Pollicita ya consiguió que Ercolini embargara los casi 5,5 millones
de dólares que tiene Florencia Kirchner en la casa matriz del Banco de Galicia.
Son US$ 4,6 millones en dos cajas de seguridad, un millón más en su caja de
ahorro y un saldo de su cuenta de $ 52.000.
Al pedir
congelar estos fondos Pollicita describió su hipótesis: "Esta
investigación se encuentra orientada a determinar la existencia de una
asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo
nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su
esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quienes
conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un
reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a
Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa y Osvaldo
Sanfelice, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a
cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos,
evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia de lo que la
comunidad internacional ha definido como corrupción".
Esta causa
por las obras de Báez es una de las conexas que menciona el fiscal. Pollicita
señaló que el empresario recibió 16.000 millones de pesos en obras. En el caso
de las rutas 3, 7 y 9, el fiscal entendió que fueron otorgadas a favor de las
empresas de Lázaro Báez por más de $ 1000 millones y Vialidad Nacional
"advirtió marcadas irregularidades, tales como, adjudicaciones en tiempo
récord -8 días cuando en términos generales demora 6 meses-, pliegos hechos a
medida -coincidencia hasta en centavos entre lo ofertado por Báez y lo
publicado-, aprobación de anticipos en solo 48 horas, un canal preferente de
pago, trabajos tercerizados a menor precio y, principalmente, sobreprecios que
rondan el 60%, lo que le habría permitido a Báez hacerse ilícitamente de sumas
millonarias correspondiente al erario público nacional".
En ese
contexto, el fiscal cree que de parte de la ex presidenta se favorecieron estos
contratos.
En causas
paralelas se investigan otros favorecimientos a otros empresarios ya citados a
indagatoria, como Cristóbal López, y un mecanismo de retorno de dinero hacia
empresas de la familia presidencial, mediante el pago de alquileres, ya sea de
habitaciones de hotel o propiedades, por parte de estos empresarios a firmas
controladas por la ex mandataria.
Ésta es la
mirada que reclamó al Cámara Federal (Sala II) cuando dijo en la causa Báez por
lavado de dinero que se debía mirar la maniobra como un todo, siguiendo las
investigaciones de manera separada, pero intercambiando información entre los
diversos jueces ante la sospecha de que todas las causas son segmentos de un
mismo hecho delictivo por el que están investigados la ex presidenta y
empresarios amigos.
Hasta ahora
Cristina Kirchner está procesada por el juez federal Claudio Bonadio, acusada
de indicar en los últimos meses de su gobierno que se hicieran operaciones de
venta de dólar a futuro a mayor precio que el de mercado, para perjudicar al
gobierno de Mauricio Macri en caso de que ganara y devaluara, como ocurrió.
Este es un
caso donde se pone en tela de juicio una decisión política que Bonadio entendió
delictiva. Ese procesamiento está apelado ante la Cámara Federal que debe
decidir si lo confirma o no. En esa causa Bonadio congeló todas las cuentas de
la ex presidenta e inhibió sus bienes, una medida también apelada al igual que
el congelamiento de los fondos de Florencia Kirchner.
A partir de
mañana, cuando se reanude la actividad judicial, se decidirá también sobre el
futuro de estos bienes.
Fuente: La
Nación
Fecha:
31jul16
